En el siglo XXI, los Estados que no incorporen Inteligencia Artificial (IA) en la gestión del gasto público y la regulación de la economía correrán el riesgo de administrar con herramientas del pasado problemas del presente. Mientras países como Finlandia, Canadá, Corea del Sur, Estonia, Nueva Zelanda, Noruega, Israel, Estados Unidos, Singapur, Reino Unido, Países Bajos, Japón, Alemania, Dinamarca, Francia, Suecia, Australia y Chile avanzan con sistemas algorítmicos para detectar fraudes, optimizar presupuestos o prevenir fallas en infraestructura, gran parte de América Latina, y especialmente Argentina, sigue gestionando lo público con hojas de cálculo, burocracia analógica y decisiones basadas en la intuición.

Francia, por ejemplo, ha marcado un hito histórico al establecer el primer Ministerio de Inteligencia Artificial del mundo, bajo dependencia directa del primer ministro. Esta decisión no es sólo administrativa: representa una visión estratégica para convertir la IA en una política de estado. El ministerio tiene como objetivos clave atraer grandes inversiones en centros de datos, alcanzar la autosuficiencia nacional en IA, establecer marcos éticos robustos para su uso, formar 100.000 especialistas en inteligencia artificial y atraer talento global, con aplicaciones prioritarias en salud, agricultura y defensa.

Este modelo puede servir de faro para América Latina y en particular para Argentina, ya que demuestra cómo una decisión institucional audaz puede posicionar a nuestro país en el corazón mismo de la economía del conocimiento moderna y de avanzada.

Ahora bien, Argentina no necesita replicar este modelo con la creación de un nuevo ministerio. Lo que sí requiere es un plan estratégico nacional para la masificación del uso de la Inteligencia Artificial en la gestión estatal y en el rejuvenecimiento de la actividad económica. Este proceso ya cuenta con una base prometedora: los avances contenidos en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742), así como el impulso del Ministerio de Desregulación, que está exitosamente “sacando las tranqueras” de las trabas burocráticas, abriendo paso a la vigorosa “acción humana”, en todas las áreas de la economía nacional para salir de una etapa gris u opaca, en donde el éxito estaba basado, como dice el dicho, en “cazar en el zoológico”.

La Ley 27.742, aprobada y en plena vigencia, ha marcado una restauración de la libertad de comercio, de la iniciativa empresarial y de la actividad emprendedora, quitando el peso muerto de regulaciones que desincentivaban la innovación y la eficiencia.

Las reformas ya aplicadas incluyen la eliminación de derechos de exportación, la flexibilización de los regímenes de homologación para bienes tecnológicos como medidores inteligentes y vehículos eléctricos, la simplificación de trámites para emprendedores y pymes y la promoción del empleo registrado mediante esquemas de regularización laboral con beneficios fiscales. Estas medidas, junto con la eliminación de normativas redundantes y controles superpuestos, reflejan una voluntad clara de modernización institucional.

Un caso ejemplar de estas decisiones es la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que obliga a los locales comerciales y gastronómicos a utilizar posnets móviles, es decir, terminales inalámbricas que deben acercarse a la mesa del cliente, evitando que la tarjeta de débito o crédito sea llevada a otro lugar del local.

Además, se permite la inclusión directa de propinas para el personal gastronómico dentro del ticket, lo que no sólo mejora la experiencia del consumidor, sino que garantiza el ingreso formal, bancarizado de esos montos para los trabajadores achicando además los riesgos de uso de las claves de las tarjetas para uso indebido. Esta simple pero relevante medida es una muestra concreta de cómo la regulación puede beneficiar simultáneamente a consumidores y empleados, y promover la formalización laboral con herramientas digitales.

Eliminar los obstáculos normativos y modernizar los marcos regulatorios es un paso imprescindible para permitir que la IA se despliegue con fuerza transformadora. La IA no es un lujo futurista; es el instrumento más poderoso y urgente para hacer un verdadero rejuvenecimiento del Estado y de la actividad económica. No hablamos de recortes ni de ajustes inevitables, sino de una reingeniería de eficiencia basada en datos reales, decisiones trazables y acciones en tiempo real.

Como en “El jardín de senderos que se bifurcan”, célebre obra de Jorge Luis Borges (1941), el gasto público argentino enfrenta dos caminos. Uno, lleva al laberinto del despilfarro, la opacidad y la repetición de errores. El otro, abre la posibilidad de una inversión virtuosa, basada en evidencia, medición de impacto y control en tiempo real.

Borges, citado incluso en la Universidad de Harvard como un precursor conceptual del big data gracias a su cuento “Funes el memorioso” (1942), nos recuerda que, sin capacidad de olvido o síntesis, el conocimiento se vuelve caótico. La IA, al contrario, permite al Estado tener una “memoria útil”, es decir recordar, comparar, anticipar, optimizar. Es la herramienta para desentrañar el despilfarro y alumbrar un nuevo sendero de eficiencia.

La Inteligencia Artificial es a la gestión pública lo que para Mafalda era la lectura. En sus propias palabras: “Lo peligroso de vivir sin leer es que te obliga a creer en lo que te digan”. De igual modo, un Estado sin IA está condenado a actuar sin evidencia, sin control y sin rumbo. La IA no reemplaza la decisión política, pero la hace más informada, menos vulnerable y más integra.

La Inteligencia Artificial puede ser la brújula para que el estado argentino, las provincias y los municipios, dejen de caminar a ciegas y sigan el sendero del gasto eficiente, equitativo y transformador. El futuro no está predeterminado, es una decisión política. Y la IA ya está lista para actuar. De hecho, en el sector privado innovador ya lo está haciendo con llamativos éxitos.

¿Qué precio tiene mantener un estado que se administra sin memoria, sin análisis, sin capacidad de anticipación? La ciudadanía merece un Estado que piense con la razón y con empatía. El momento de ir a fondo es ahora. En todo el sector público nacional, provincial, los municipios y empresas estatales. Muchos avances se registraron este año en el camino correcto, pero la Inteligencia Artificial hará más sofisticado y valioso el ordenamiento de las gestiones públicas. Los privados sabrán cómo hacerlo.